Una demanda contra una excepción legal encendió las alarmas en el Ejecutivo. La suspensión provisional del instructivo podría abrir la puerta a la cancelación de embargos en procesos de extinción que superan los 10 años sin fallo definitivo.
El Gobierno nacional encendió las alertas ante el riesgo de que 19.869 bienes incautados a estructuras criminales, narcotraficantes y fichas de redes ilegales avaluados en cerca de $6 billones puedan ser devueltos a sus antiguos propietarios.
Entre los bienes comprometidos hay haciendas, inmobiliarias, agropecuarias, hoteles, mansiones, cabezas de ganado y vehículos de alta gama, vinculados a capos del narcotráfico, aliados de grupos paramilitares, redes de corrupción y reconocidas figuras del crimen organizado, entre ellas alias “la Gata”.
El debate jurídico gira en torno al artículo 64 de la Ley 1579 de 2012, que establece que las medidas cautelares como embargos y demandas inscritas en los registros públicos tienen una vigencia de 10 años. Si en ese plazo no se renuevan, opera la caducidad y procede su cancelación.
Hasta ahora, los bienes vinculados a procesos de extinción de dominio no se veían afectados por esta caducidad, debido a una excepción contemplada en un instructivo de la Superintendencia de Notariado y Registro. Sin embargo, dicha excepción fue demandada ante el Consejo de Estado.
El caso está en el despacho del magistrado Pablo Andrés Córdoba y, aunque aún no existe una decisión de fondo, el alto tribunal decretó la suspensión provisional del instructivo mientras se resuelve la demanda.
El pasado 4 de febrero, la Superintendencia de Notariado y Registro envió una circular a los registradores de instrumentos públicos del país notificando la decisión judicial.
Riesgo inmediato
La suspensión ha sido interpretada en algunos sectores como una orden para comenzar a cancelar embargos sobre bienes que lleven más de una década en procesos de extinción sin fallo definitivo, lo que podría traducirse en su eventual devolución.
Fuentes oficiales reconocen que el escenario es complejo y que el impacto podría ser significativo, no solo por el valor económico de los activos sino por el mensaje institucional frente a la lucha contra el crimen organizado.
Por ahora, el país queda a la espera de la decisión de fondo que adopte el Consejo de Estado, la cual definirá si miles de bienes incautados a estructuras criminales seguirán bajo control del Estado o podrían regresar a manos de quienes fueron señalados de haberlos obtenido ilícitamente.
