Lo que la Casa de Nariño intentó presentar como una «colaboración ciudadana» en la lucha contra la corrupción ha estallado como el escándalo de infiltración más grave del gobierno de Gustavo Petro. Ramón Devesa González, el hacker español con acento andaluz que operaba en las sombras de Buenaventura, no era un lobo solitario: era un hombre con línea directa al despacho presidencial.
El Testimonio que Hundió el Relato Oficial
La pieza clave del rompecabezas la entregó el exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes. En declaraciones recientes, Reyes confirmó lo que muchos sospechaban: el nombramiento de fichas clave en las aduanas de Buenaventura —el epicentro del contrabando en Colombia— no fue un proceso técnico, sino una orden perentoria de Gustavo Petro.
Según Reyes, fue el entonces director de inteligencia, Carlos Ramón González, quien transmitió la instrucción de nombrar a funcionarios recomendados por Devesa. Ante la duda, Reyes consultó directamente al Presidente vía mensaje de texto. La respuesta fue clara: las órdenes de Devesa eran las órdenes del Presidente. El español fue incrustado en el puerto como un «agente de inteligencia infiltrado», a pesar de que su perfil no resistía un análisis básico de seguridad nacional.
El «Cajero» y la Cámara: El Vínculo con Papá Pitufo
La relación entre Devesa y el «Zar del Contrabando», Diego Marín (alias Papá Pitufo), trasciende la simple vigilancia. Devesa aparece en el centro de la trama de los 500 millones de pesos que habrían infiltrado la campaña presidencial.
No solo estuvo presente en reuniones en España junto a delegados de la UIAF y el abogado de Marín, sino que fue el encargado de grabar el cinematográfico video de la «devolución» del dinero. Sin embargo, fuentes de la UNP, lideradas por Augusto Rodríguez, han denunciado que Devesa buscaba sacar provecho económico de estas evidencias, actuando más como un extorsionista de alto nivel que como un colaborador de la justicia.
Las Implicaciones para el Presidente
La gravedad de este nexo pone a Gustavo Petro en una situación jurídica crítica. Las investigaciones apuntan a tres delitos potenciales:
Tráfico de influencias: Al imponer nombramientos en cargos estratégicos basados en el criterio de un particular extranjero.
Financiación prohibida: Por los nexos documentados entre su círculo íntimo (incluyendo a su hermano Juan Fernando Petro y asesores como Xavier Vendrell) con redes de contrabando.
Abuso de autoridad: Al delegar funciones de inteligencia estatal a un ciudadano sin contrato ni facultades legales.
«¿Cómo un ciudadano español termina recomendando a la directora de aduanas en el puerto de mayor valor estratégico para el crimen organizado? Solo hay una respuesta: venía con el sello de aprobación de la Presidencia», señala el análisis de los expedientes actuales.
El Fin del Misterio
Ramón Devesa ya no es un fantasma. Es el hombre que une a la campaña del Pacto Histórico con el bajo mundo del puerto. Mientras el Gobierno intenta desmarcarse, los testimonios de quienes recibieron las órdenes directas de Petro sitúan al español no como un asesor, sino como el comisionado oculto de una operación que permitió que el contrabando y la política caminaran de la mano en los pasillos del poder.
