Crece el rechazo en Colombia por los llamados “juicios revolucionarios” realizados por el Ejército de Liberación Nacional contra cuatro servidores públicos que permanecen secuestrados en el departamento de Arauca.
El Frente de Guerra Oriental de esa guerrilla divulgó un comunicado y varios videos en los que anuncia supuestas “condenas” contra dos investigadores del CTI de la Fiscalía y dos uniformados de la Policía Nacional, retenidos desde 2025.
Según el grupo armado, los funcionarios fueron capturados mientras realizaban labores que califican como “inteligencia y espionaje”. Sin embargo, las autoridades colombianas han rechazado de manera categórica estas afirmaciones y han reiterado que se trata de un secuestro, delito contemplado en la legislación penal.
Las “condenas” impuestas por el ELN
Entre los secuestrados se encuentran Franque Hoyos Murcia, subintendente de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), con 17 años de servicio, y el patrullero Yordin Fabián Pérez Mendoza, adscrito al Cuerpo Élite de la Dijín en Bogotá.
Ambos fueron secuestrados el 20 de julio de 2025 en la vía entre Tame y la ciudad de Arauca. El ELN les impuso una pena de “36 meses de prisión revolucionaria” a cada uno.
Por su parte, los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, fueron retenidos el 8 de mayo de 2025 en el municipio de Fortul.
A estos funcionarios, el grupo guerrillero les atribuye graves delitos sin presentar pruebas públicas y les impuso penas de 60 y 55 meses de cautiverio, respectivamente.
El ELN señaló además que el tiempo transcurrido desde el secuestro sería descontado de las supuestas condenas y mencionó beneficios por “buen comportamiento”.
Presión al Gobierno y pruebas de supervivencia
Estas acciones hacen parte de una estrategia de presión del grupo armado hacia el Gobierno nacional. En meses anteriores, la guerrilla había condicionado la liberación de los secuestrados a la excarcelación de integrantes suyos detenidos en cárceles del Estado.
Incluso, en octubre de 2025, el ELN advirtió que los retenidos serían sometidos a estos “juicios” si no avanzaban las negociaciones.
El pasado 16 de febrero de 2026 se conocieron videos de prueba de supervivencia, en los que los secuestrados enviaron mensajes a sus familias desde zonas selváticas, manifestando su deseo de regresar a casa.
Rechazo del Gobierno: “El ELN no es autoridad judicial”
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa, rechazó de forma contundente la validez de estos procedimientos.
El ministro Pedro Sánchez Suárez aseguró que “el ELN no es ninguna autoridad judicial. Es un cartel del narcotráfico y no es un organismo del Estado colombiano”.
El funcionario reiteró que el secuestro es un delito grave que puede acarrear penas de hasta 40 años de prisión y calificó a la guerrilla como una amenaza para la población.
Asimismo, el Ministerio de Defensa hizo un llamado a la comunidad internacional, a la Iglesia Católica y a organizaciones de derechos humanos para exigir la liberación inmediata de los uniformados, los funcionarios del CTI y demás personas que permanecen en cautiverio.
“El Estado colombiano y la comunidad internacional están comprometidos con traerlos sanos y salvos”, señaló el ministro, quien también expresó su respaldo a las familias de las víctimas.
