La Procuraduría General de la Nación lanzó una nueva alerta por el incremento de accidentes con minas antipersonal en regiones como el Catatumbo y el Bajo Cauca antioqueño, y pidió al Gobierno Nacional reforzar la presencia institucional y recuperar el control territorial en las zonas más afectadas por la violencia.
A través de un comunicado, el Ministerio Público expresó su rechazo frente a los recientes hechos registrados en estas regiones, incluyendo el caso ocurrido en el municipio de Tibú, Norte de Santander, donde civiles y miembros de la Fuerza Pública han resultado afectados por artefactos explosivos instalados por grupos armados ilegales.
“La Procuraduría manifiesta su más enérgico rechazo frente a los recientes accidentes por minas antipersonal registrados en el Bajo Cauca antioqueño y la región del Catatumbo”, señaló la entidad.
El organismo también condenó el uso indiscriminado de minas antipersonal por parte de estructuras ilegales y recordó que este tipo de armas están prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario debido a sus efectos indiscriminados sobre la población civil.
Según el ente de control, la situación evidencia un grave deterioro de las condiciones de seguridad y una vulneración sistemática de los derechos humanos en estas regiones del país.
Además, advirtió que las cifras correspondientes al primer trimestre de 2026 ubican al Bajo Cauca y al Catatumbo como las zonas con mayor número de víctimas por minas antipersonal en Colombia.
Para la Procuraduría, este panorama refleja una estrategia criminal de control territorial que busca generar terror, confinamientos y restricciones a la movilidad de las comunidades.
Ante esta situación, la entidad hizo un llamado urgente al Gobierno para fortalecer las acciones de seguridad y protección a la población civil, así como garantizar atención integral a las víctimas.
Asimismo, solicitó al Grupo de Acción Integral Contra Minas Antipersonal y a las autoridades locales implementar de manera inmediata campañas de educación y prevención frente al riesgo de artefactos explosivos.
Finalmente, la Procuraduría aseguró que mantendrá vigilancia preventiva sobre las entidades responsables de ejecutar la política de Acción Integral Contra Minas Antipersonal, con el objetivo de garantizar una respuesta oportuna del Estado y evitar nuevos hechos violentos.
