La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exsenador John Moisés Besaile Fayad como coautor del delito de falsedad ideológica en documento público agravado, por alterar una resolución oficial durante su paso por la administración departamental de Córdoba.
La decisión judicial establece una pena de cinco años y nueve meses de prisión domiciliaria, además de una inhabilidad para ejercer funciones públicas por más de siete años.
Según el alto tribunal, los hechos ocurrieron cuando Besaile Fayad se desempeñaba como secretario del Interior y Participación Ciudadana de Córdoba durante la administración del entonces gobernador Alejandro Lyons Muskus, entre 2012 y 2015.
De acuerdo con la investigación, el excongresista expidió la Resolución No. 0334 con una fecha alterada para hacer parecer que había sido emitida el 20 de septiembre de 2012, cuando en realidad habría sido firmada en febrero de 2014.
Mediante ese documento se reconocía la personería jurídica de la Corporación Centro de Investigación y Enseñanza Agroecológica (Ceniagroecológico), entidad que posteriormente participó en procesos relacionados con proyectos de ciencia y tecnología financiados con recursos del sistema de regalías.
La Corte concluyó que la modificación de la fecha tenía como finalidad aparentar que la corporación contaba con al menos un año de existencia y experiencia, requisito que le habría permitido acreditar mayor trayectoria y facilitar su participación en procesos de subcontratación.
“El propósito era evitar eventuales objeciones derivadas de su reciente constitución”, señaló la Sala en el fallo.
La investigación contra Besaile Fayad fue abierta por la Fiscalía General de la Nación el 12 de febrero de 2018. Sin embargo, tras ser elegido senador para el periodo 2018-2022, el proceso pasó a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia el 23 de julio de ese mismo año.
En la sentencia, la Sala de Primera Instancia sostuvo que el entonces funcionario “era consciente de que la resolución contenía manifestaciones contrarias a la verdad y, pese a ello, decidió refrendarla”.
Con esta decisión, el exsenador deberá cumplir la condena bajo detención domiciliaria mientras queda inhabilitado para ocupar cargos públicos.
