La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella prometía demostrar una fuerza popular arrolladora. Durante semanas, el abogado aseguró que había reunido más de cinco millones de firmas ciudadanas, presentando el hecho como un acontecimiento histórico.
Pero el análisis oficial de la Registraduría mostró otra realidad. El organismo invalidó 3.071.747 firmas, equivalentes al 62% del total presentado. Nunca antes un aspirante presidencial había acumulado semejante volumen de registros rechazados.
Las causas fueron múltiples: duplicidad de firmas, errores de identificación, datos inexistentes y fallas de diligenciamiento. En algunos casos, los registros carecían de información mínima verificable; en otros, aparecían ciudadanos repetidos varias veces en las mismas planillas.
El hallazgo dejó bajo cuestionamiento la estructura operativa de la campaña. La recolección masiva, que pretendía convertirse en símbolo de respaldo popular, terminó exponiendo graves fallas de control.
A pesar del escándalo, la candidatura no corre riesgo inmediato porque el número de firmas válidas supera el umbral legal exigido. Sin embargo, el impacto reputacional es profundo.
El contraste con el discurso político del candidato resulta inevitable. Quien ha construido su imagen pública alrededor del rigor, la autoridad y la eficiencia terminó protagonizando el mayor episodio de invalidación documental en la historia electoral del país.
