El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo de Jesús López, aceptó este lunes su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir, dentro del proceso que se adelanta por el millonario escándalo de corrupción que sacudió a la entidad.
La decisión fue anunciada durante una audiencia de verificación de allanamiento a cargos realizada este 23 de junio, en la que el exfuncionario reiteró su intención de colaborar con la justicia y buscar una reducción de la eventual condena que podría enfrentar. Sin embargo, los beneficios judiciales derivados de esa aceptación aún deberán ser evaluados por las autoridades competentes.
Se trata de un nuevo intento de López por formalizar su allanamiento a cargos, luego de que el pasado 26 de mayo una jueza de control de garantías negara una solicitud similar. En esa oportunidad, la togada argumentó que la Fiscalía General de la Nación ya había radicado un escrito de acusación por los mismos delitos, por lo que correspondía a un juez de conocimiento definir la viabilidad del procedimiento.
Durante la diligencia judicial, el exdirector de la Ungrd aseguró que su decisión de aceptar los cargos fue tomada de manera libre, consciente y voluntaria, y descartó que se trate de una estrategia para evadir responsabilidades penales.
“Acepto los cargos de manera libre, voluntaria, consciente e informada”, manifestó López ante el despacho judicial, al tiempo que reconoció que podría enfrentar una condena privativa de la libertad.
Las declaraciones entregadas por el exfuncionario han sido consideradas fundamentales para avanzar en el esclarecimiento de la presunta red de corrupción que operó al interior de la Ungrd. Según la Fiscalía, sus testimonios permitieron identificar supuestos mecanismos de direccionamiento de contratos, sobrecostos y acuerdos políticos relacionados con la asignación de recursos públicos.
La colaboración de López también ha contribuido a ampliar el número de investigados en el proceso. Entre las personas vinculadas figuran los exministros de Hacienda e Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco; la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz; el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González; y el exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha.
Durante la audiencia, la fiscal del caso, María Cristina Patiño, destacó la importancia de la información suministrada por el exdirector de la Ungrd y solicitó que, en caso de una eventual condena, esta sea cumplida en una guarnición militar por razones de seguridad.
La decisión judicial sobre la validez del allanamiento y las condiciones del proceso será dada a conocer el próximo 7 de septiembre a partir de las 8:30 de la mañana.
El caso de la Ungrd continúa siendo una de las investigaciones por corrupción más relevantes del país, debido a las presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos destinados a la atención de emergencias y desastres.
