La decisión ordena entregar información sobre la operación, las libretas de pasaporte y los terceros que participan en la cadena de producción.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó suspender temporalmente la ejecución de los convenios suscritos entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia para la producción y expedición de pasaportes.
La medida cobija el Convenio Interadministrativo Específico 001 de 2025 y el CI-005 de 2026, así como los contratos y acuerdos que se hayan derivado de estos.
El tribunal también ordenó a las entidades involucradas presentar, dentro de un plazo de 20 días hábiles, un informe detallado sobre el estado de la operación.
¿Qué deberá informar el Gobierno?
Entre los aspectos que deberán ser aclarados se encuentran la ubicación de las libretas de pasaporte, las condiciones de seguridad de los sitios donde se almacenan y personalizan y la identificación de los terceros que intervienen en el proceso de producción.
La suspensión permanecerá vigente mientras se acredita la información solicitada por el tribunal.
No obstante, la decisión establece que las autoridades deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar que el servicio de expedición de pasaportes continúe funcionando y no se genere una interrupción para los ciudadanos.
La decisión judicial fue apelada, pero el recurso fue concedido en efecto devolutivo, por lo que la medida de suspensión debe aplicarse desde ahora.
Demanda cuestiona el modelo
El abogado Nicolás Dupón, quien presentó la demanda, explicó en entrevista con 6AM W que el fallo está contenido en un documento técnico de 83 páginas.
Según el jurista, el plazo concedido a las entidades busca aclarar diferentes aspectos relacionados con el esquema utilizado para la producción de los documentos.
Dupón insistió en que durante este periodo el Estado debe garantizar la continuidad del servicio y avanzar hacia un modelo que, según su posición, cumpla con las condiciones legales.
El abogado también cuestionó la sostenibilidad financiera del esquema y advirtió sobre los riesgos que, a su juicio, podrían presentarse en el futuro.
La Cancillería y las demás entidades involucradas deberán entregar la información solicitada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del plazo establecido.
