El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella oficializó el retiro de los representantes que venían participando en los procesos de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo.
La determinación quedó consignada en las resoluciones 391 y 390 de 2026, mediante las cuales el Ejecutivo dejó sin efecto las designaciones de los delegados gubernamentales que hacían parte de ambos espacios de conversación.
La decisión evidencia un cambio frente a la estrategia de negociación implementada durante la anterior administración y refuerza el discurso del actual Gobierno en favor del sometimiento a la justicia y el fortalecimiento de las acciones contra las organizaciones armadas ilegales.
Gobierno retira a sus delegados de la mesa con el ELN
A través de la Resolución 391 de 2026, la Presidencia revocó los nombramientos de los representantes del Gobierno que participaban en la mesa de conversaciones con el ELN.
Entre los funcionarios y representantes que quedaron por fuera del proceso se encuentran Vera Grabe, quien encabezaba la delegación oficial, así como la senadora María José Pizarro, el senador Iván Cepeda y el dirigente gremial José Félix Lafaurie, entre otros.
Las conversaciones con el ELN fueron instaladas oficialmente en Caracas, Venezuela, en noviembre de 2022. Sin embargo, el proceso comenzó a enfrentar dificultades desde febrero de 2024, cuando la guerrilla decidió congelar las negociaciones.
De acuerdo con los argumentos expuestos por el Ejecutivo, durante 2024 se desarrollaron diferentes encuentros para intentar superar la crisis y reactivar la mesa, pero no se lograron los resultados necesarios para garantizar la continuidad del proceso.
También salen los delegados ante el Clan del Golfo
El cambio de estrategia también cobijó el espacio de conversación sociojurídica establecido con el Ejército Gaitanista de Colombia.
Mediante la Resolución 390 de 2026, el Gobierno dejó sin efecto las designaciones de los representantes que participaban en este proceso.
Entre los delegados estaba Álvaro Jiménez Millán, quien coordinaba el equipo gubernamental, además de María Gaitán Valencia, Armando Custodio Wouriyu, Víctor Negrete Barrera y Águeda Plata Gómez.
Este mecanismo había sido autorizado en julio de 2024 con el propósito de explorar una eventual ruta de sometimiento a la justicia, desmantelamiento de estructuras criminales y tránsito hacia la legalidad.
De la Espriella endurece su postura frente a los grupos armados
La decisión coincide con el giro que el Gobierno ha venido anunciando en materia de seguridad y política de paz.
El pasado 4 de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella anunció el cierre de varias mesas de diálogo y espacios de conversación sociojurídica que habían sido creados durante la administración anterior.
En ese momento, el mandatario defendió una postura más estricta frente a las organizaciones armadas y sostuvo que el Estado no debe negociar su soberanía con estructuras criminales.
“El Estado no negocia su soberanía ni se arrodilla ante los criminales. La única vía es clara: el sometimiento a la justicia y al imperio de la ley”, afirmó el jefe de Estado.
El Gobierno también ordenó a las autoridades avanzar en las capturas y extradiciones pendientes y fortalecer las acciones contra las estructuras dedicadas a actividades criminales.
¿Por qué fueron retirados los delegados?
Las resoluciones mediante las cuales se revocaron las designaciones hacen referencia a las facultades constitucionales del Presidente de la República para dirigir el orden público y establecer los lineamientos de la política de paz.
También se fundamentan en la Ley 2272 de 2022, conocida como Ley de Paz Total.
El Ejecutivo sostiene que cualquier proceso de negociación debe contar con una voluntad de paz clara, sostenida y verificable por parte de las organizaciones armadas.
La Presidencia también citó decisiones de la Corte Constitucional relacionadas con las facultades del jefe de Estado para determinar las condiciones, los mecanismos y los actores con los que pueden adelantarse procesos de diálogo.
¿Qué viene para la política de paz?
La salida de los delegados abre una nueva etapa para la política de paz del Gobierno de Abelardo de la Espriella y deja en incertidumbre el futuro de los espacios de negociación heredados de la administración anterior.
La apuesta del Ejecutivo apunta ahora hacia el sometimiento a la justicia y el fortalecimiento de las operaciones militares, policiales y judiciales contra las estructuras armadas y sus fuentes de financiación.
El Gobierno también ha anunciado nuevas acciones dirigidas contra los principales cabecillas, las redes de apoyo y las economías ilegales de estos grupos.
En términos políticos, la decisión representa un cambio frente al modelo de negociación impulsado durante el Gobierno de Gustavo Petro. Mientras la anterior administración priorizó la instalación y continuidad de diferentes mesas de diálogo, el actual Ejecutivo plantea una estrategia basada en mayor presión institucional y en la exigencia de sometimiento a la justicia como condición para avanzar hacia la desmovilización de las estructuras criminales.
