Las comunidades de Anorí, en el nordeste de Antioquia, enfrentan nuevas restricciones impuestas presuntamente por estructuras armadas ilegales, en un escenario que la Defensoría del Pueblo considera cada vez más preocupante.
Entre las medidas denunciadas se encuentran restricciones a la movilidad, controles sobre el uso de teléfonos celulares y cámaras, limitaciones para acceder a internet y órdenes relacionadas con el ingreso y salida de personas de determinadas zonas.
La situación volvió a llamar la atención de las autoridades luego de la circulación de un panfleto atribuido al frente 36 de las disidencias de las Farc, en el que se habría dado un plazo de 24 horas para abandonar el territorio.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, denunció además posibles casos de desplazamiento forzado y exigió al grupo armado levantar inmediatamente las medidas de control impuestas sobre la población civil.
Según la funcionaria, este tipo de actuaciones constituye una infracción al derecho internacional humanitario.
Restricciones sobre movilidad y comunicaciones
La Defensoría ha documentado diferentes mecanismos de control utilizados por los grupos armados en los municipios incluidos en sus alertas tempranas.
En algunas zonas rurales se han establecido horarios que restringen la circulación durante la noche y la madrugada. También se han documentado órdenes relacionadas con la forma en que deben movilizarse conductores y pasajeros.
Las comunicaciones tampoco escapan al control armado. Según la entidad, integrantes del ‘Clan del Golfo’ han obligado a habitantes a entregar sus teléfonos en retenes para revisar su contenido, mientras que las disidencias y el ELN habrían impuesto restricciones al uso de cámaras.
También se han registrado limitaciones al acceso a internet durante determinadas horas de la noche.
A esto se suman controles sobre el ingreso de personas a las veredas. En algunas comunidades, las Juntas de Acción Comunal deben informar sobre la llegada de personas provenientes de otros lugares y solicitar autorización para su ingreso.
Una disputa por el control territorial
El frente 36 de las disidencias de las Farc tiene presencia en zonas rurales y urbanas de Anorí. La estructura es atribuida por las autoridades al Estado Mayor de Bloques y Frentes, organización cuyo mando relacionan con alias ‘Calarcá Córdoba’.
La Defensoría también ha señalado la existencia de una coordinación operativa entre el frente 36 y el ELN para contener la expansión del ‘Clan del Golfo’ en esta zona de Antioquia.
La disputa está relacionada con el control de corredores estratégicos que conectan diferentes regiones del departamento y con zonas de importancia para actividades mineras y economías ilegales.
La situación se agravó durante los últimos años y ha provocado desplazamientos forzados y afectaciones a las comunidades.
Minas antipersonal y riesgo para las comunidades
El escenario de violencia se suma a la presencia de minas antipersonal, municiones sin explotar y otros artefactos explosivos.
De acuerdo con un informe de seguimiento de la Defensoría, entre septiembre de 2022 y marzo de 2026 fueron registrados 62 eventos relacionados con estos elementos en Anorí, Amalfi, Remedios, Segovia y Vegachí.
De ese total, 42 correspondieron a procedimientos de desminado realizados durante operaciones militares, 16 a accidentes y cuatro a posibles casos de instalación de explosivos.
En Anorí, la entidad identificó como zonas de especial atención las veredas Chagualo Arriba, La Plancha, Liberia, Providencia y Los Trozos.
La presencia de estos artefactos limita el desplazamiento de los habitantes hacia cultivos, zonas ganaderas y lugares de trabajo, además de representar un riesgo directo para la población civil.
Defensoría pide fortalecer la respuesta estatal
El informe de seguimiento concluyó que las medidas adoptadas por las autoridades han tenido un cumplimiento parcial y no han conseguido modificar de manera suficiente el escenario de riesgo.
La Defensoría también alertó sobre el reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados ilegales. Según la entidad, estas organizaciones utilizan ofrecimientos económicos, amenazas y otras formas de presión para vincular a niños y adolescentes.
Ante este panorama, la Defensoría pidió fortalecer el control territorial, las labores de desminado, la prevención del reclutamiento infantil y la protección de líderes sociales.
También solicitó mejorar la investigación de los delitos cometidos por los grupos armados y la coordinación entre las diferentes entidades estatales.
Para la Defensoría, las nuevas restricciones denunciadas en Anorí evidencian que el riesgo advertido en sus alertas tempranas continúa materializándose y que la población civil permanece expuesta a las acciones de las estructuras armadas que disputan el control territorial.
