El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que se «brindará la asistencia consular que corresponda» a los 17 extraditados por su presunta participación en el asesinato del entonces presidente Jovenel Moïse.
La Cancillería colombiana anunció que mantenderá la asistencia consular para los 17 colombianos que fueron extraditados por Haití a los Estados Unidos por su presunta vinculación en el asesinato del entonces presidente Jovenel Moïse. La decisión se conoció este domingo 20 de septiembre y fue adoptada por el fiscal federal para el Distrito Sur de Florida. En total fueron extraditadas 18 personas de las 30 que han sido vinculadas a este magnicidio.
Según comunicó la Cancillería, «el Gobierno de Colombia, a través de su servicio diplomático y consular, ha realizado seguimiento permanente a la situación de los connacionales, adelantando las gestiones propias de la asistencia consular a personas privadas de la libertad, entre ellas la verificación de sus condiciones de reclusión, el contacto con sus familiares y las autoridades competentes, así como las gestiones orientadas a promover el respeto de sus derechos, integridad personal y garantías judiciales».
En ese mismo mensaje se precisó que el gobierno no tuvo incidencia en las extradiciones, pues las mismas fueron coordinadas entre autoridades haitianas y estadounidenses. «El Gobierno de Colombia no intervino en la decisión ni en el procedimiento que condujo al traslado de los connacionales a los Estados Unidos, asunto que corresponde a las autoridades competentes de los países involucrados», dice el comunicado.
Sin embargo, «la Cancillería continuará haciendo seguimiento a la situación de los connacionales y brindará la asistencia consular que corresponda, velando por el respeto del debido proceso y condiciones adecuadas de detención, sin interferir en las decisiones de las autoridades judiciales competentes».
Según el reporte del caso, Moïse, de 53 años, fue asesinado por un comando armado que irrumpió en su residencia privada en Puerto Príncipe, sin que su cuerpo de seguridad interviniera. Los implicados en el crimen fueron «trasladados en avión militar desde Haití para enfrentar la justicia estadounidense», escribió en X el fiscal Jason Reding Quiñones. «Cinco años después de los hechos, continuamos llevando a los sospechosos ante las cortes estadounidenses, y no hemos terminado», añadió.
Treinta personas han sido ha acusados en este caso, que agravó aún más el caos en el país más pobre de América, que no ha celebrado elecciones desde 2016 y no tiene presidente desde ese asesinato. La policía haitiana detuvo rápidamente a una cuarentena de sospechosos, entre ellos una veintena de mercenarios colombianos. La investigación no avanzó por cuenta de las deficiencias del sistema judicial haitiano. La justicia estadounidense, competente para juzgar los complots urdidos en su territorio, imputó a once personas por su implicación en ese asesinato. Cinco personas han sido condenadas a cadena perpetua: un exmilitar colombiano, un exsenador haitiano, un empresario con las nacionalidades haitiana y chilena, un militar colombiano retirado y un estadounidense de origen haitiano.
