El entramado del exgerente de hospital auditado que cayó parado en el gobierno Petro

El arte de caer parado no es propio solo de los malabaristas y acróbatas de los circos. Personajes cercanos a la política de La Guajira han aprendido ese arte. Más o menos por ahí van las vueltas de la vida y del poder que dejaron a un exgerente del Hospital de Nazareth bien ubicado en un equipo básico de salud (EBS) en el Hospital San José de Maicao, en 2024.

El antecedente de una auditoría de la Superintendencia de Salud al hospital que gerenció Calmides González Prieto por cuatro años no fue impedimento para que haya celebrado un contrato para prestar servicios profesionales en salud con otro centro médico. Los hallazgos de la entidad advierten hechos que oscilan entre el desgreño administrativo y el descuido básico.

Según dio a conocerBlu Radioen marzo de 2025, la auditoría encontró que había hojas de vida incompletas y sin soportes que acrediten el cumplimiento de los requisitos para ejercer alguna profesión de la salud. Incluso, hubo algunos que no estaban inscritos en el Registro Único de Talento Humano (Rethus).

A su vez, se halló que el hospital no estuvo en capacidad de garantizar disponibilidad de medicamentos, insumos y otros dispositivos, pues lo que registraban en el inventario no coincidía con lo que hallaron en el lugar. Además, que no se controlaban las fechas de expiración de las medicinas.

Y para rematar: no tenía libros contables que respaldaran la información contable que tenían en documentos de Excel del periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2023 y septiembre de 2024. La auditoría abarcó la gestión de los años 2023 y 2024.

En ese tiempo de revisión entraron los últimos años de gestión de González Prieto, quien fue el gerente del Hospital de Nazareth entre mayo de 2020 y marzo de 2024. Eso quiere decir que la Supersalud analizó una tercera parte de su gerencia en la institución, con los resultados mencionados.

Esos hechos que impedían que los habitantes de Uribia tuvieran un acceso digno a servicios de salud continuaron en la gerencia de Galo Rafael Celedón de León, quien estuvo en el cargo entre abril de 2024 y agosto de 2025.

Por eso, en noviembre de 2024 el entonces presidente Gustavo Petro ordenó intervenirlo. “No vienen a trabajar y no por culpa de los trabajadores, sino porque no les pagan, habiendo nosotros mismos trasladado la plata para el gerente de la E.S.E (empresa social del Estado). El hospital se interviene y el ministro de Salud (para entonces, Guillermo Jaramillo) debe garantizar que se haga”, dijo durante una visita a la Alta Guajira.

Documentos muestran que Calmides González firmó el contrato 1797 de 2024 —por prestación de servicios— con la E.S.E Hospital San José de Maicao. Su plazo de ejecución era de dos meses, comprendidos entre el 13 de agosto y el 12 de octubre de 2024.

“Prestar servicios administrativos profesionales en salud en el ejercicio de apoyo y guía a los equipos básicos de salud en los municipios de Maicao, Uribia y Manaure”, era el objeto del contrato, parte de un convenio interadministrativo entre ese centro asistencial, el Bienestar Familiar (ICBF) y la caja de compensación familiar de La Guajira (Comfaguajira).

El valor suscrito fue $14 millones y tenía que cumplir con 17 obligaciones. Entre estas debía hacer seguimiento en terreno a los equipos de identificación y gestión de riesgo y gestores y/o promotores de salud que permitieran garantizar una intervención eficaz.

Los hospitales de Maicao y de Nazareth han estado envueltos en polémicas este año. El primero fue el que recibió por parte del Ministerio de Salud dos lanchas ambulancias, a pesar de no tener ríos cerca y estar ubicado a 80 kilómetros del mar; el segundo, entre tanto, fue el que tuvo a personal de los EBS haciéndole campaña al excandidato presidencial Iván Cepeda a un día de la primera vuelta.

Para el mencionado convenio entre el San José de Maicao, el Bienestar y Comfaguajira, según señala un documento de la Dirección de Nutrición que conoció este diario, el ICBF aportó una suma inicial de $5.748 millones y una segunda por medio de la caja de compensación de $15.132 millones. Tenían como destino “seis meses de ejecución del Modelo Integrado de Atención y Prevención de la Desnutrición en ese departamento”.

Entre tanto, en una comunicación que el agente interventor del Hospital de Nazareth, Larry Laza Barrios, entregó a Blu Radio en abril de 2026, Calmides González tenía un vínculo laboral con esa institución mediante un contrato por prestación de servicios como médico general en la zona de urgencias.

Larry Laza también es el actual interventor del Hospital San José de Maicao, luego de que el exsuperintendente de Salud y exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, le renovara el periodo por un año más a finales de julio pasado (a menos de una semana del fin del Gobierno Petro). El centro médico también sigue intervenido y lo estará hasta junio de 2027.

O sea: Laza Barrios ha sido el proveedor de contratos para González Prieto.

“Hoy lo tiene Martha Peralta”, responde un senador oriundo de la costa atlántica, y que estuvo en correría de campaña en La Guajira durante la pasada campaña al Congreso, sobre quién tiene injerencia en la E.S.E San José de Maicao.

Además, la senadora del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), que hace parte del hoy opositor Pacto Histórico, tiene otra pisada en el camino familiar de Calmides González. Una fotografía suministrada a este periódico la muestra junto al secretario de Turismo, Cultura y Deporte de Uribia, José Gerardo González Prieto.

Es decir que es hermano del exgerente y excontratista de los hospitales de Nazareth y San José.

Calmides compartió una fotografía en su cuenta de Facebook en la que salía la senadora Peralta en una reunión en el Ministerio de Salud. “Avanzamos en los estudios para la construcción del nuevo hospital de Uribia”, escribió en la publicación hecha el 22 de julio de 2025.

En el mencionado documento de la Dirección de Nutrición del ICBF, que data de finales de 2024, mencionan que “los resultados obtenidos evidenciaron varios aspectos positivos”, como observar un “mejoramiento nutricional en mujeres gestantes que participaron en la modalidad ‘1.000 Días’, mostrando una ganancia de peso más favorable en comparación con otras modalidades de atención”.

No obstante, fuentes en La Guajira advierten que el hospital mostró que pagaban por evento (o sea, por niño atendido), pero que no aportaron documentos que sostuvieran los resultados del convenio.

Se buscó al ICBF para conocer si cuenta con informes o datos de los resultados que dio el convenio de $15.132 millones; así mismo, buscó a Calmides González para conocer cómo fue su desempeñó o entregables que registró por su trabajo con los contratos con los hospitales. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuestas.

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