Informe de inteligencia señala aumento millonario en bienes de Cristina Lombana y su esposo desde su llegada al alto tribunal
Un informe de inteligencia elaborado por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) advierte sobre un presunto incremento patrimonial injustificado de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, y de su entorno familiar en los últimos años.
El documento, identificado con el número 10513, fue realizado por solicitud de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que adelanta una indagación preliminar contra la alta funcionaria judicial.
Según el informe, la magistrada habría registrado un crecimiento significativo en su patrimonio desde 2018, año en el que asumió funciones en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema.
Patrimonio habría pasado de $651 millones a más de $3.400 millones
De acuerdo con la UIAF, antes de llegar al alto tribunal, en 2017, el patrimonio reportado por Lombana ascendía a 651 millones de pesos.
Sin embargo, el documento señala que en 2018 esa cifra aumentó a 1.018 millones y que para 2024 el patrimonio habría alcanzado los 3.402 millones de pesos, quintuplicando el valor registrado antes de ocupar el cargo como magistrada.
La investigación también menciona presuntas inconsistencias entre los bienes que poseería la funcionaria y los valores consignados en sus declaraciones de renta.
Según el informe, los activos reportados representarían apenas una tercera parte del valor estimado de sus propiedades.
Bienes en Bogotá, Medellín y Cundinamarca
La UIAF asegura que la magistrada tendría inmuebles en Bogotá, Medellín y en los municipios de La Calera y Ricaurte, en Cundinamarca.
El documento también revisa información financiera de familiares cercanos, especialmente de su esposo, el abogado Leonardo Andrés Carvajal Velásquez, quien trabaja como defensor público bajo contrato con la Defensoría del Pueblo.
Según se conoció, el informe analiza depósitos bancarios y movimientos financieros tanto de la magistrada como de su núcleo familiar.
La defensa de la magistrada Lombana
Consultada sobre los hallazgos del informe, la magistrada Cristina Lombana negó irregularidades y aseguró que el crecimiento de su patrimonio tiene explicaciones legales y documentadas.
“He sido una mujer sumamente organizada y afortunada porque pude siniestrar unas pólizas a raíz de un cáncer que me fue diagnosticado”, afirmó.
La togada explicó que los recursos obtenidos le permitieron pagar deudas, incluidas obligaciones hipotecarias.
Asimismo, señaló que recibió una indemnización tras un litigio contra la empresa “Bienes & Bienes”, proceso que habría terminado con la entrega de un apartamento de mayor valor.
Lombana también indicó que recibió dos herencias: una tras la muerte de su abuela y otra por el fallecimiento de su madre.
No obstante, el informe de la UIAF sostiene que la herencia materna habría sido de poco más de 20 millones de pesos y compartida con otro heredero.
Ahorros, pensión militar y valorización de bienes
La magistrada aseguró además que desde su llegada a la Corte Suprema ha destinado parte de sus ingresos a una cuenta AFC (Ahorro para el Fomento de la Construcción).
Inicialmente afirmó que ahorraba el 10 % de su salario, aunque posteriormente indicó que el porcentaje alcanzaba el 30 %.
Lombana explicó igualmente que, por su condición de exmilitar, recibe simultáneamente una pensión de invalidez del Ejército y el salario completo como magistrada de la Corte Suprema.
Añadió que otra posible explicación del incremento patrimonial estaría relacionada con la actualización comercial del valor de sus bienes raíces, realizada por su contadora para reducir eventuales cargas tributarias por ganancia ocasional.
Magistrada denuncia persecución política
La magistrada sostuvo que el informe de la UIAF hace parte de una supuesta persecución política en su contra.
Según afirmó, detrás del proceso estarían el actual ministro del Interior, Armando Benedetti; el exdirector de la UIAF, Luis Eduardo Llinás; y la representante a la Cámara Gloria Elena Arizabaleta.
Lombana adelantaba investigaciones judiciales contra Benedetti y, en noviembre del año pasado, ordenó un allanamiento a una propiedad del funcionario en Puerto Colombia, Atlántico.
En ese momento, el ministro reaccionó con fuertes descalificaciones públicas contra la magistrada, a quien calificó de “loca, demente y delincuente”.
