El incidente tuvo graves repercusiones para Orjuela y los organizadores del concierto. Las autoridades colombianas comenzaron a exigir cuentas por los impuestos adeudados, lo que puso en riesgo la estabilidad financiera de los involucrados. Aunque se logró regularizar la situación fiscal, muchas empresas proveedoras, incluida la de Orjuela, no recuperaron el dinero adeudado.
Ante esta situación, el presentador decidió presentar una demanda contra Luis Miguel en busca de resarcir los daños ocasionados. Sin embargo, la Fiscalía colombiana desestimó el caso por falta de pruebas suficientes. Aunque Orjuela llevó el proceso a instancias internacionales, los resultados tampoco fueron favorables.
El conflicto derivó en un supuesto veto que impidió a Luis Miguel regresar a Colombia durante varios años. Según Orjuela, este impedimento se debía a que las autoridades podrían haberlo retenido en el aeropuerto El Dorado hasta resolver los pendientes legales. En 1996, la Fiscalía de Bogotá abrió una investigación formal contra el cantante por el delito de hurto. Esto llevó a Luis Miguel a rendir declaración en el Consulado de Colombia en Miami, donde estuvo acompañado por sus abogados y guardaespaldas, dedicando más de una hora y media a responder las acusaciones.
Orjuela, por su parte, solicitó una compensación de 200 millones de pesos, que, ajustados por la inflación, equivaldrían a más de 1.000 millones de pesos actuales. No obstante, en 2022, el caso se resolvió favorablemente para el artista, cuando la Fiscalía determinó que no había existido incumplimiento de contrato.
