El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció en Barranquilla que el Gobierno no asumirá la deuda de $2 billones que la empresa Air-e mantiene con generadoras de energía.
Señaló que esos pasivos, acumulados antes de la intervención estatal, son responsabilidad de los antiguos propietarios privados. Además, destacó que la intervención evitó un colapso energético en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Palma explicó que la deuda de Air-e, que presta el servicio en tres departamentos del Caribe, se originó por decisiones financieras adoptadas por los antiguos dueños.
Indicó que estos cobraron a los usuarios los saldos de la opción tarifaria, una medida creada durante la pandemia para diferir pagos, y usaron esas expectativas de recaudo como respaldo para adquirir nuevas obligaciones. Esto, según el ministro, agravó la situación financiera de la compañía y afectó directamente a los usuarios.
La opción tarifaria permitía a las empresas cobrar de forma diferida el consumo de energía a los usuarios residenciales. Sin embargo, los pasivos generados por esa medida fueron asumidos por Air-e antes de la intervención estatal.
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El ministro resaltó que la intervención de Air-e, iniciada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) a finales de 2023, fue clave para mantener el suministro energético en la región.
Explicó que si no se hubiera adoptado esa medida, “esta zona del país ya se habría apagado”. También precisó que la SSPD asumió el control total de la empresa desde enero de 2025 con fines liquidatorios, tras un informe técnico que reveló su deterioro financiero y operativo.
Palma afirmó que la intervención busca garantizar la continuidad del servicio mientras se reorganiza la prestación en el Caribe, sin trasladar la deuda al Estado.
La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) advirtió que la deuda de Air-e, que incluye $1,2 billones con generadoras térmicas, pone en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico, especialmente en periodos de alta demanda.
El gremio señaló que la intervención no ha gestionado adecuadamente los recursos necesarios para asegurar la sostenibilidad de la operación, lo que podría derivar en un “apagón financiero” si no se adoptan soluciones viables.
Expertos y gremios han planteado opciones como un financiamiento transitorio o pagos escalonados que permitan atender las obligaciones sin comprometer las finanzas públicas.
El Comité Intergremial de Energía y Gas alertó además sobre los $2,84 billones adeudados por subsidios correspondientes al año anterior, una situación que, según esa organización, agrava la insolvencia de las distribuidoras.
El ministro también propuso trasladar parte de la opción tarifaria a los estratos altos y al sector industrial, lo que fue cuestionado por empresarios que advierten posibles impactos negativos en la inversión y la competitividad regional.
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