Todo esto hace parte de la terminología que es la almendra de los debates del sistema y sobre la cual año a año hay una discusión para elevar los precios de los servicios que el Gobierno paga a las EPS con el presupuesto general. La Corte Constitucional ordenó hace algunos meses que el Ministerio de Salud realizara las mesas de concertación para el aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo que se le paga a las EPS por cada uno de los afiliados que tienen en el sistema.
El aumento para el 2025, con base en las cifras del 2023, fue de 5,6 %. Pero la Corte evidenció que el Ministerio no hizo la concertación con los actores y ordenó mesas técnicas.
Las EPS pidieron más de un 15 %. En esa conversación de términos y conceptos técnicos hay uno en especial que es el de las frecuencias de uso. Si la población es sana usa menos el sistema de salud.
Pero si la prevalencia de enfermedades crece, el sistema se ve más afectado y tiene que dirigir más recursos del presupuesto a la atención de pacientes. Hay más frecuencias de uso.
Esto se suma a las actualizaciones de los precios de medicamentos que varían todos los años y ahora en el contexto del supuesto acaparamiento que denunció el Gobierno sin que haya conclusiones de las autoridades penales. Sin embargo, en los planes privados hay varios limitantes.
Por ejemplo, un seguro para un paciente de 67 años con una condición previa como hipertensión, lo cual es normal para una persona de esa edad, puede estar cerca de los $30 millones al año, unos $4.5 millones mensuales si es financiado, y con la dificultad de que sea aceptado porque los riesgos para el paciente crecen a medida que su edad es más alta.
Por lo general estos planes ofrecen habitación privada en caso de una hospitalización, cirugías, atención con especialistas y medicamentos.
Una persona mayor que no logre acceder a un plan voluntario usa el sistema de salud, que tiene una cobertura de más del 95 %. Pero si el sistema se debilita es normal que la atención para ese paciente se debilite y con eso las horas interminables en las salas de urgencias en sillas Rimax, la espera de días en los dispensarios de medicamentos, y el retraso para atención con especialistas y programación de cirugías o terapias, con lo que los tratamientos a la enfermedad se hacen más complejos y la enfermedad puede degenerarse.
Como es obvio, a los planes voluntarios pueden acceder muy pocas personas y el grueso de la población sigue usando el sistema tradicional. Pese a esto, las cifras demuestran que el sector de la salud privada está en auge y que cada vez más personas miran hacia allá.
Tras ser consultado sobre si estaba definido que no se incluyeran preguntas sobre la reforma a la salud en la Consulta Popular que el Gobierno está planeando, el ministro del Interior, Armando Benedetti contestó que “solo sobre la reforma laboral”.
Por alguna razón, el Gobierno considera que preguntar sobre la reforma a la salud en la consulta, que debe ser votada por más de 13 millones de personas para alcanzar el umbral, no es una buena idea.
Mientras que en el país político se dan discusiones apasionadas, los ciudadanos con ingresos suficientes siguen haciendo crecer el negocio de la salud privada. Por miedo a no ser atendidos o como garantía ante la percepción de un sistema que parece cada vez tener más retos y más dificultades basadas en los problemas de las EPS y la posición ideológica del Gobierno.
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