La Caravana Humanitaria #abracemos el Catatumbo que partió ayer desde distintos puntos cardinales del país le habló claro y contundente a los grupos al margen de la ley que hacen presencia en el Catatumbo, en especial al ELN: la población civil no quiere más guerra. Con banderas blancas y mucho entusiasmo, integrada por entidades estatales, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, senadores de la comisión de paz y el acompañamiento de Naciones Unidas la caravana recorrió varios municipios de Norte de Santander hasta culminar en El Tarra.
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Camilo González Posso, coordinador de la delegación del Gobierno en la Mesa de Diálogos de Paz con los bloques Jorge Suárez Briceño, Gentil Duarte y el frente Raúl Reyes de las extintas Farc, destacó la relevancia de la Caravana, que busca mitigar la grave crisis de desplazamiento forzado que afecta a miles de familias en el Catatumbo.
“Pensamos que deben aplicarse mínimos humanitarios que alivien la situación de las comunidades, pero sobre todo propósitos de paz que los acompañen”, manifestó.
La caravana recorrió desde muy temprano varias poblaciones del Catatumbo y busca impulsar el diálogo para alcanzar soluciones políticas y sociales, con el respaldo de la Mesa Humanitaria del Catatumbo, la Comisión de Paz y Derechos Humanos del Senado y vocerías de organizaciones sociales.
Durante la jornada, la ONU pidió a los actores armados no estatales “respetar los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, destacando la importancia de garantizar la seguridad de la población civil.
En mesas de trabajo realizadas en el municipio de El Tarra, líderes sociales y representantes institucionales hicieron un llamado a los actores armados, especialmente al ELN, para cesar las hostilidades y abrir espacios de diálogo que permitan aliviar el sufrimiento de la población civil. Los líderes reiteraron la necesidad de implementar el Pacto Territorial del Catatumbo, un compromiso clave para mejorar las condiciones socioeconómicas de la región.
A pesar de una disminución reciente en la intensidad de los enfrentamientos, persiste la preocupación por los desplazamientos forzados y la capacidad limitada del Estado para responder a la magnitud de la crisis. La Defensora del Pueblo, Iris Marín destacó la importancia de que los actores armados respeten los protocolos del derecho internacional humanitario y permitan el funcionamiento del Estado de Derecho en la región.
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El Gobierno nacional anunció medidas especiales para agilizar la transformación del Catatumbo, resaltando que la institucionalidad debe prevalecer sobre el control armado en este territorio estratégico.