La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la agente interventora Tania Patricia Peñaranda Zuleta un informe detallado sobre los avances operacionales y financieros de Air-e, luego de 19 meses de intervención por parte del Gobierno nacional.
El Ministerio Público expresó preocupación por la falta de información financiera plenamente verificada sobre la compañía y advirtió que, hasta el momento, no se conocen auditorías oficiales que permitan evaluar con claridad la viabilidad de la electrificadora.
“Es inquietante que a la fecha no existan estados financieros plenamente verificados ni se registre la publicación de los informes de auditoría correspondientes”, señaló el organismo de control.
La Procuraduría también alertó sobre el aumento sostenido de los pasivos corporativos de Air-e y mencionó las recientes denuncias relacionadas con posibles irregularidades contractuales al interior de la empresa intervenida.
Preocupación por constantes cambios de interventores
Otro de los puntos cuestionados por el ente de control es la alta rotación de interventores designados durante el proceso. Según la Procuraduría, ya son cinco los funcionarios que han pasado por la administración de la compañía desde el inicio de la intervención.
Para el organismo, esta situación afecta la continuidad y la trazabilidad “técnica, administrativa y documental” del proceso adelantado por la Superservicios.
Ante este panorama, la Procuraduría pidió a la entidad de vigilancia presentar una hoja de ruta clara sobre el futuro empresarial de Air-e y detallar los mecanismos de empalme utilizados durante cada cambio de administración.
Solicitan estados financieros auditados y plan para atender deudas
Dentro de los requerimientos realizados, la Procuraduría exigió a Air-e entregar los estados financieros auditados desde septiembre de 2024, así como la relación de contratos suscritos por valores superiores a $500 millones.
Además, el organismo pidió a la compañía presentar un “plan de acción concreto y estructurado” para atender las millonarias obligaciones acumuladas con el mercado eléctrico.
La solicitud se da en medio de crecientes cuestionamientos sobre los resultados de la intervención estatal y sobre la sostenibilidad financiera de la empresa encargada de prestar el servicio de energía en varios departamentos de la región Caribe.
