El pasado 7 de febrero, tres hombres armados interceptaron al gobernador indígena Eutimio Valencia, autoridad emberá de la comunidad de Alto Tarena, en Chocó, cuando se movilizaba por la carretera que conduce de Tadó a El Tabor. Tres días después, su cuerpo fue hallado flotando en el río San Juan.
Cuando se reportó su desaparición, la Defensoría del Pueblo y autoridades locales y del resguardo activaron todos los protocolos para hallarlo con vida. Hoy se están esclareciendo las causas de su asesinato, en una región que, según la alerta temprana 013 de 2025, disputan el control ilegal el ELN y el ‘clan del Golfo’.
Al menos dos alertas tempranas más, publicadas en los últimos dos años, han advertido el riesgo extremo al que se exponen líderes, lideresas y defensores de derechos humanos en estas regiones con presencia de grupos armados.
“La imposición de normas y otras formas de control social por parte de estas estructuras significa un riesgo permanente de violación a los derechos de la población”, señala Indepaz.
Su influencia criminal, según observadores nacionales e internacionales como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, estaría detrás de la mayoría de los 30 asesinatos de liderazgos sociales reportados este año, que equivalen a un homicidio cada dos días.
Al día siguiente del hallazgo del cuerpo de Valencia, encontraron el cadáver de Wilmer Benítez en Caucasia, Antioquia, con signos de tortura e impactos de bala. Era otro líder social y deportivo. Las primeras pesquisas apuntan a una posible autoría del ‘clan del Golfo’.
Y el pasado viernes 13 de febrero fue asesinada la profesora Luz Stella Restrepo Londoño en Puerto Berrío. Dos hombres la atacaron con un cuchillo cuando regresaba a su casa.
Aunque la primera hipótesis del crimen fue un atraco, esa tesis perdió fuerza con el avance de la investigación. Se comprobó que la maestra y lideresa social tenía intactas sus pertenencias.
Según Indepaz, Antioquia, con siete homicidios, encabeza el ranking de departamentos con más casos. En Cauca se reportaron cuatro, y los otros 19 se distribuyen en 13 departamentos.
En la caracterización que hace esta ONG, se cuentan dos líderes afrodescendientes, tres ambientalistas, dos campesinos, siete comunales y seis políticos. Estos últimos tienen una connotación diferencial al documentarse en plena campaña y en vísperas de elecciones, un periodo que la Defensoría del Pueblo ha calificado de convulso y con altísimo riesgo en al menos 69 municipios.
El 86 % son hombres y en este trimestre se reportó el pico en febrero, cuando mataron a 14 líderes.
Desde la firma del acuerdo de paz, según el conteo de Indepaz, han sido asesinados 1.921 líderes sociales en 31 de los 32 departamentos de Colombia. El año pasado, con 187 casos, se mantuvo la tendencia de los últimos cuatro años, que solo se rompió en 2021, cuando se reportaron 165 homicidios.
Este 2026 se evidencia una leve disminución frente al año anterior, cuando hasta febrero se habían documentado 39 crímenes. Sin embargo, la línea se mantiene casi constante.
La mayoría de ellos tenía pertenencia étnica. Por esta razón, según el representante de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Scott Campbell, al comparar la tasa frente al tamaño de la población, el impacto en estas comunidades es desproporcionado.
“Cuando vemos el porcentaje de la población, creo que los pueblos indígenas representan el 4 % de la sociedad colombiana, entonces la afectación es desproporcionada. Muchos de los líderes sociales campesinos asesinados hacían parte de las juntas de acción comunal. Y la mayoría de los actores responsables son grupos armados no estatales. Creemos que la razón detrás es la intimidación de la población bajo su control mediante el uso de violencia extrema”, dijo en entrevista con EL TIEMPO.
Para Leonardo González, director de Indepaz, la violencia persistente contra estos liderazgos es proporcional a la presencia y disputa territorial de las estructuras ilegales, que los fulminan por ser la cara visible de la resistencia social en las regiones.
“En este año y en los últimos meses, detrás de buena parte de estos 30 casos no aparece un hecho aislado ni simplemente delincuencia común, sino disputas y órdenes armadas en territorios donde distintos grupos buscan imponer reglas, controlar economías ilegales, disciplinar a las comunidades y cerrar espacios de liderazgo social. En ese contexto, el liderazgo comunitario se vuelve un obstáculo porque defiende el territorio, denuncia abusos, promueve organización local o se opone al sometimiento de la población”, le afirmó González a este diario.
Y agrega: “Buscan debilitar procesos organizativos y sembrar miedo para que la comunidad quede más sola y más controlada por el grupo armado. Eso se nota especialmente en zonas rurales y periféricas, donde la presencia estatal sigue siendo débil o fragmentada. Dicho más directo, este año el fenómeno de fondo ha sido la combinación de expansión de grupos armados, disputas entre estructuras y ausencia de una protección territorial efectiva por parte del Estado”.
