En medio de un debate que se ha prolongado por al menos tres años sobre la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, lanzó este lunes 20 de abril fuertes críticas contra gremios del sector privado, a los que acusó de distorsionar la información financiera y presionar por mayores recursos sin demostrar eficiencia.
Durante una rueda de prensa, el jefe de la cartera aseguró que el Gobierno mantiene una posición clara frente al cálculo de la UPC, respaldada según indicó por la Corte Constitucional de Colombia, y cuestionó el papel de asociaciones como ACEMI, ANDI y AFIDRO.
“Un Gobierno serio acaba con Acemi. Debe acabar con Acemi. No puede haber una asociación que hace trampa, que roba”, afirmó el ministro, en una de las declaraciones más polémicas de su intervención.
Defensa del modelo y cuestionamientos a las EPS
Jaramillo defendió la estructura del sistema de salud basada en el aseguramiento, en la que las EPS funcionan como aseguradoras y la UPC como una prima. En ese sentido, rechazó los argumentos sobre su presunta insuficiencia.
“El problema no es solo cuánto dinero se asigna, sino cómo se gestiona”, señaló el ministro, al cuestionar que las EPS no hayan devuelto recursos en periodos con resultados financieros favorables, como en 2020.
El funcionario insistió en que la discusión sobre la UPC no puede desligarse de la eficiencia en el uso de los recursos. En su intervención, enumeró fallas como bajas coberturas en tamizajes, deficiente control de enfermedades crónicas, hospitalizaciones evitables y debilidades en la atención primaria.
También criticó la forma en que se mide la siniestralidad del sistema, al considerar que se basa en reportes financieros y no en indicadores reales de gestión médica.
Señalamientos a gremios y sector empresarial
El ministro cuestionó la narrativa de crisis financiera promovida por algunos gremios y aseguró que existen utilidades importantes en el sector. Según afirmó, un grupo de clínicas reportó ganancias significativas, lo que —a su juicio— contradice los reclamos de insuficiencia de recursos.
Además, reiteró la necesidad de una reforma estructural al sistema de salud, en la que las EPS dejen de operar como aseguradoras.
Uno de los puntos más controversiales fue la acusación directa contra ACEMI, a la que señaló de promover prácticas indebidas. Jaramillo citó una resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio de 2009 para sustentar sus afirmaciones y calificó estos hechos como “delictivos”.
También señaló una supuesta articulación entre distintos gremios del sector y cuestionó que las presiones por mayores recursos se intensifiquen en el actual Gobierno.
En el plano político, el ministro criticó al presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, y al sector empresarial, al que responsabilizó de decisiones pasadas que, según dijo, afectaron la financiación del sistema.
Contexto: advertencias sobre la suficiencia de la UPC
Las declaraciones se producen en un contexto de creciente presión por parte de múltiples actores del sistema de salud, que han advertido sobre la insuficiencia de la UPC.
Organizaciones como Pacto por una Mejor Salud y Todos por la Salud han calificado la corrección de la UPC como una “urgencia vital”, al señalar que su nivel actual no cubre los costos reales del sistema.
De acuerdo con estas organizaciones, la situación se refleja en un aumento de tutelas, quejas y un endeudamiento que supera los 32,9 billones de pesos, además de impactos directos en la atención de pacientes.
Por su parte, la Corte Constitucional ha emitido decisiones recientes en las que concluye que no se ha demostrado la suficiencia del valor actual de la UPC y ha ordenado revisar su metodología de cálculo.
A esto se suman análisis académicos que cuestionan los incrementos definidos por el Gobierno, al considerar que podrían comprometer la sostenibilidad del sistema y afectar la prestación de servicios.
Un debate en escalada
En este escenario, el choque entre el Gobierno y los gremios del sector salud continúa intensificándose, con posturas cada vez más enfrentadas sobre el origen de la crisis y las soluciones necesarias para garantizar el derecho a la salud en Colombia.
El Gobierno, por su parte, insiste en avanzar con una reforma estructural, mientras distintos actores advierten sobre los riesgos actuales del sistema y la urgencia de ajustes técnicos en su financiamiento.
