Un fuerte intercambio de palabras se registró este jueves 12 de noviembre durante una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la que participaron el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez Maldonado, y el magistrado Gustavo Adolfo Salazar.
La discusión se produjo durante una sesión convocada para revisar el cumplimiento de las medidas cautelares de protección a los comparecientes ante esa jurisdicción.
En medio de su intervención, el ministro Ordóñez cuestionó los resultados de la JEP y manifestó su preocupación por la falta de avances concretos en la sanción de los máximos responsables de los crímenes cometidos por las antiguas Farc.
El funcionario sostuvo que, después de diez años de la firma del Acuerdo de Paz, todavía existen importantes desafíos en materia de justicia, reparación a las víctimas y garantías de no repetición.
“La JEP es legal, es constitucional, de eso no hay discusión, pero después de diez años de haber firmado el Acuerdo y de haber prometido en su momento que quienes lo suscribieron no habría repetición de la barbarie, que no habría impunidad, que habría reparación a las víctimas, el gran desafío que tiene la JEP es su legitimidad”, afirmó.
Sus declaraciones provocaron la intervención del magistrado Gustavo Adolfo Salazar, quien le recordó que el propósito de la audiencia no era debatir sobre la legitimidad de la jurisdicción, sino abordar asuntos relacionados con la protección de los comparecientes.
“Señor ministro Ordóñez, no vinimos acá para hablar de la legitimidad de la JEP. Entonces le pido que se limite al tema de protección”, manifestó el magistrado.
La respuesta generó un nuevo momento de tensión. El ministro insistió en que tenía la palabra y pidió que se le permitiera terminar su exposición.
“Le pido el debido respeto”, expresó Ordóñez, al solicitar que lo dejaran concluir su intervención para explicar la posición del Ministerio del Interior.
Sin embargo, el intercambio no terminó allí. Una vez finalizada la exposición del ministro, el magistrado volvió a intervenir para cuestionar sus planteamientos.
El episodio dejó en evidencia las diferencias entre el Gobierno y la JEP frente al alcance de las discusiones institucionales y los resultados del proceso de justicia transicional.
