La propuesta que busca establecer el año 2028 como fecha límite para el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) superó su primer debate en la Comisión Primera del Senado. El proyecto de acto legislativo, promovido por el senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, recibió 10 votos favorables durante la sesión del miércoles 28 de octubre.
La iniciativa plantea que la JEP termine sus funciones en marzo de 2028, lo que abriría una nueva discusión sobre el futuro de los procesos judiciales relacionados con el conflicto armado y las garantías de las víctimas.
¿Quiénes votaron a favor?
Los diez senadores que respaldaron la ponencia positiva fueron:
- Enrique Gómez, de Salvación Nacional.
- Hernán Cadavid, del Centro Democrático.
- María Clara Posada, del Centro Democrático.
- Juan Carlos García, del Partido Conservador.
- Santiago Barreto, del Partido Conservador.
- José Nicolás Gómez, de Cambio Radical.
- Alfredo Deluque, del Partido de la U.
- Héctor Olimpo Espinosa, del Partido Liberal.
- Jonathan Ferney, conocido como Jota Pe, de Alianza Verde.
- Manuel Virgüez, del partido MIRA.
La votación estuvo precedida por el retiro de los integrantes del Pacto Histórico, quienes buscaban romper el cuórum decisorio. Sin embargo, su salida no impidió que la comisión continuara con el debate y la votación.
¿Qué cambios contempla el proyecto?
Entre las modificaciones aprobadas se encuentra que las sentencias condenatorias contra comparecientes que no acepten responsabilidad ante la JEP sean examinadas automáticamente por la Corte Suprema de Justicia, o por el juez equivalente durante el régimen de cierre y transición.
También se aprobaron disposiciones relacionadas con la competencia de la Corte Suprema frente a las acciones de tutela contra decisiones de la jurisdicción especial y la eliminación de una sala de cumplimiento que, según los promotores de la iniciativa, podría prolongar durante años la estructura institucional de la JEP.
La preocupación por los derechos de las víctimas
La iniciativa ha generado cuestionamientos desde la propia Jurisdicción Especial para la Paz.
El tribunal ha advertido que establecer un cierre definitivo e improrrogable podría comprometer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, especialmente si existen procesos judiciales que todavía no han concluido.
También ha expresado preocupación por el traslado de los asuntos pendientes a la justicia ordinaria, al considerar que podría afectar las garantías del modelo de justicia transicional y el principio del juez natural.
Por su parte, el senador Enrique Gómez ha defendido la propuesta y ha señalado que el eventual traslado de procesos a la justicia ordinaria no debe traducirse en condiciones penales o procesales más gravosas para los comparecientes.
El proyecto todavía debe superar siete debates
Aunque la iniciativa superó su primer debate en la Comisión Primera del Senado, todavía tiene un largo camino legislativo.
Al tratarse de un proyecto de acto legislativo, deberá completar ocho debates en el Congreso, distribuidos en dos vueltas legislativas: cuatro en la primera y cuatro en la segunda.
En consecuencia, el texto deberá ser discutido y aprobado tanto en la plenaria del Senado como en las instancias correspondientes de la Cámara de Representantes.
Por ahora, la propuesta continúa en trámite y su eventual aprobación dependerá del respaldo que consiga en los siguientes debates del Congreso.
El futuro de la JEP y de los procesos relacionados con el conflicto armado vuelve así al centro de la discusión política y jurídica del país.
