Denuncian que abogados de izquierda estarían abandonando masivamente procesos de clientes de derecha, mientras la parálisis procesal en las altas esferas alimenta la crisis de desconfianza.
La polarización política que vive el país ha traspasado las barreras del debate público para, presuntamente, instalarse en el corazón de los despachos judiciales.
Versiones que circulan entre litigantes advierten sobre una preocupante tendencia: abogados identificados con posturas de izquierda estarían renunciando masivamente a la defensa de clientes de derecha, dejando los procesos «colgados» y en una evidente situación de indefensión.
Lo que muchos advierten como una estrategia coordinada, no se limita únicamente a la renuncia del poder. La denuncia apunta a prácticas de extrema gravedad que estarían afectando el curso de la justicia: dilaciones calculadas, inasistencias deliberadas para dejar vencer términos procesales y, en los escenarios más oscuros, versiones sobre posibles pactos con la contraparte para desfavorecer los intereses de sus propios representados.
Un síntoma de un sistema que se detiene
Esta parálisis no parece ser un hecho aislado, sino un síntoma de un sistema que atraviesa una crisis de celeridad y compromiso. Un ejemplo claro de este fenómeno de «procesos dormidos» se observa actualmente en la Comisión de Acusación, donde se ha abierto indagación a congresistas por mantener estancadas cerca de 300 causas contra el presidente Petro. De un total de 3.000 actuaciones en dicha Comisión, aproximadamente 290 corresponden a procesos contra el primer mandatario, incluyendo cerca de 15 por presunta participación en política.
«Se está volviendo un patrón en todo el país: abogados que usan su ideología para abandonar procesos de clientes de la orilla contraria, dejando el camino libre para el adversario político», señala una fuente cercana a estos grupos de litigantes.
El llamado al Consejo Superior de la Judicatura: ¿Hasta cuándo el silencio?
Esta situación plantea un desafío crítico para la institucionalidad. ¿Qué hará el Consejo Superior de la Judicatura cuando esta crisis explote definitivamente ante la opinión pública?
La Judicatura tiene la responsabilidad ineludible de despertar y poner la lupa sobre este comportamiento:
Investigación inmediata: Identificar si existe un patrón sistemático de abandono de causas por motivos ideológicos.
Vigilancia del debido proceso: Garantizar que ningún ciudadano pierda su derecho a una defensa técnica idónea por las inclinaciones políticas de su abogado.
Sanción a la deslealtad:* Determinar responsabilidades éticas y disciplinarias contra aquellos litigantes que hayan antepuesto su militancia política al deber profesional.
El sistema judicial no puede permitirse ser rehén de la polarización. Si el Consejo Superior de la Judicatura no actúa con determinación, la percepción de una «justicia a la carta» terminará por erosionar lo poco que queda de fe en la integridad de la abogacía y de las instituciones nacionales.
